España (Castilla y León): La temporada de la patata comienza marcada por la incertidumbre.

Con el inicio de la primavera, los campos de regadío de Castilla y León vuelven a llenarse de actividad con el inicio de la siembra de la patata, uno de los cultivos más emblemáticos y estratégicos de la Comunidad. Sin embargo, este nuevo ciclo agrícola comienza marcado por un clima de incertidumbre, preocupación y cautela entre los productores, tras una campaña anterior en la que la rentabilidad volvió a quedar en entredicho.

La combinación de precios bajos en origen, un incremento sostenido de los costes de producción y la presión de las importaciones ha vuelto a situar al sector patatero ante un escenario complejo. En una región que lidera la producción nacional, el debate ya no gira únicamente en torno a la capacidad productiva, sino a la necesidad de ordenar el mercado y garantizar precios que permitan la continuidad del cultivo.

Castilla y León concentra alrededor del 44% de la producción española de patata y mantiene una superficie que ronda las 19.000 hectáreas, lo que la convierte en la principal comunidad productora tanto en volumen como en superficie. Provincias como Valladolid, Salamanca, Zamora, León o Burgos sostienen buena parte de este liderazgo, con un cultivo que sigue siendo clave para la economía de muchas explotaciones de regadío.

Este peso específico implica una responsabilidad añadida, ya que cualquier decisión de siembra adoptada en la Comunidad tiene un impacto directo en el conjunto del mercado nacional. Sin embargo, el liderazgo productivo no siempre se traduce en estabilidad económica para el agricultor, una realidad que vuelve a ponerse de manifiesto al inicio de esta nueva campaña.

Alberto Duque, presidente de la Interprofesional de la Patata, recuerda que la pasada campaña se produjo un incremento de la superficie de siembra cercana al 10%, un aumento que finalmente no se tradujo en mayor rentabilidad para el agricultor. «Ese sobrepasamiento de superficie no fue significativo en términos económicos, porque también hubo mermas de producción y problemas de comercialización», señala.

Uno de los factores que, a juicio de Duque, ha condicionado de forma decisiva el mercado ha sido la entrada de patata procedente del exterior. «Se dejó de comprar producto nacional y se trajeron patatas directamente de Francia cuando todavía había patata española disponible», denuncia, una situación que ha provocado que aún quede género almacenado en algunas zonas productoras.

Esta dinámica, añade, ha tenido un impacto directo sobre la salida del producto y sobre la formación de precios en origen. «Cuando entra patata de fuera sin haber agotada la producción nacional, el mercado se bloquea y el agricultor se queda sin capacidad de negociación», resume.

Duque pone también el foco en el diferencial de precios entre el campo y el consumidor, una brecha que considera estructural. «El agricultor es el único eslabón que está obligado por ley a declarar sus costes ya firmar contratos, mientras que el resto de la cadena no aporta información sobre sus márgenes», critica.

A su juicio, esta falta de transparencia dificulta la aplicación real de la Ley de la Cadena Alimentaria. «El consumidor sabe lo que paga y el agricultor lo que cobra, pero todo lo que hay en medio sigue siendo opaco», afirma, reclamando una mayor implicación de la Administración en el control de la cadena de valor.

Coag advierte además de la desigualdad de condiciones entre la patata nacional y la importada. «No jugamos con las mismas armas», señala Duque, en referencia a las diferencias en costes laborales, exigencias medioambientales y uso de productos fitosanitarios en otros países productores.

En este sentido, cuestiona la eficacia de los controles sobre la trazabilidad y el origen del producto importado. «Se comprueba de forma aleatoria, pero no existe un control real que garantice que se cumplen las mismas normas que se exigen aquí», sostiene, alertando de una competencia que considera desleal.

Pese a estas dificultades, Duque subraya el papel estratégico de Castilla y León en el conjunto del sector. «Somos líderes en producción y eso debería servir para organizarnos mejor y para marcar las reglas del juego», afirma, convencido de que el peso de la Comunidad no siempre se ha aprovechado adecuadamente.

Evitar desequilibrios

Desde Coag se insiste en la necesidad de una mayor planificación de las campañas. «No se puede sembrar todo a la vez ni apostar únicamente por variedades tempranas; Hay que escalar la producción y ajustar la oferta a lo que realmente se puede vender», defiende.

Duque alerta también contra la proliferación de nuevas marcas o proyectos sin una salida comercial clara. «No podemos meternos en aventuras que luego no tienen mercado y acaban hundiendo los precios», advierte, apostando por una estrategia más prudente y coordinada.

En este contexto, el representante de Coag considera clave reforzar las herramientas de organización del sector. «La Interprofesional tiene que servir para ordenar, para anticipar y para dar estabilidad, no solo para analizar lo que ya ha pasado», señala.

Finalmente, Duque reclama un mayor compromiso de las administraciones públicas. «La patata es un cultivo estratégico, genera riqueza y empleo en el medio rural, y no puede quedar a merced del mercado sin reglas claras», defiende.

Con la siembra ya en marcha y muchas incógnitas aún sobre la mesa, el sector enfrenta los próximos meses con cautela. Para Coag, el futuro de la patata en Castilla y León pasa por una combinación de planificación, control de las importaciones, transparencia en la cadena y una defensa firme del producto nacional que permita al agricultor trabajar con unas mínimas garantías de rentabilidad.

Desde Asaja Castilla y León, su presidente, Donaciano Dujo, tiene un equilibrio claro y sin ambages del ejercicio anterior. «Hemos tenido luces y sombras, pero la realidad es que los precios han sido bajos, los costos han subido y muchas explotaciones han ido a pérdidas; no se ha sacado rentabilidad», afirma.

Dujo explica que, aunque en algunos momentos de la campaña los precios experimentaron ligeros repuntes, estos no fueron suficientes para compensar el fuerte incremento de los costos de producción. «El problema es que producir patata hoy es mucho más caro y, si no se paga adecuadamente, el cultivo deja de ser rentable», advierte.

El coste por hectárea supera con facilidad los 10.000 euros, una cifra que condiciona de forma decisiva la viabilidad económica del cultivo y que obliga a los agricultores a tomar decisiones cada vez más medidas.

Desde Upa su representante, Aurelio González coincide en el diagnóstico y reconoce que el ánimo con el que los agricultores afrontan el inicio de campaña es de prudencia. «Es un inicio complejo, porque el mercado del año pasado fue muy complicado y ahora hay menos salida», señala.

Volatilidad

González recuerda que la patata nunca ha sido un cultivo especialmente estable. «Siempre ha habido años buenos y años malos, y este arranque vuelve a venir marcado por la incertidumbre y por los bajos precios», explica, especialmente en algunas zonas productoras donde determinadas variedades no han tenido la salida esperada.

Uno de los elementos que más preocupa al sector es el incremento de los costes de producción, que se ha convertido en un factor estructural. «La semilla, los fitosanitarios, el abonado, la energía y el agua han subido mucho, y todo eso hace que el coste se dispare», denuncia Donaciano Dujo.

Aurelio González pone el foco en la semilla como uno de los principales problemas. «Seguimos teniendo problemas con la semilla de patata; hay escasez y eso condiciona mucho al agricultor», advierte. A ello se suma el coste energético, que afecta tanto al riego como a la conservación del producto. «El problema es que los primeros kilos que se sacan muchas veces van directamente a pagar gastos», lamenta González, una situación que refleja la dificultad de generar márgenes positivos incluso en campañas con producciones aceptables.

Ante este contexto, el sector enfrenta la nueva campaña con una planificación más conservadora. Las previsiones apuntan a una superficie sembrada en torno a las 19.000 hectáreas en Castilla y León, una cifra similar a la de ejercicios recientes, pero que refleja un ajuste motivado por la falta de rentabilidad.

«Lo que se estima es que tendría que haber una reducción de la siembra», afirma Donaciano Dujo, aunque insiste en que este ajuste no responde a una falta de potencial productivo. «En España se importa una gran cantidad de patata y, si el mercado estuviera bien regulado, no habría que reducir la siembra», subraya.

Desde Upa, Aurelio González explica que algunos agricultores optan por replantearse el cultivo. «Hay productores que se mueven de un cultivo a otro dependiendo de cómo haya terminado la campaña anterior», indica, aunque reconoce que no todos tienen margen para diversificar debido a la estructura de sus explotaciones.

Las organizaciones agrarias coinciden en señalar la importación como uno de los principales factores que distorsionan el mercado. «Siempre denunciaremos que se esté importando patata de fuera cuando la de aquí no se paga, y sabiendo que muchas veces llega en malas condiciones», afirma Dujo.

Aurelio González comparte esta preocupación y advierte de que la entrada de patata importada tiene un efecto directo sobre los precios en origen. «La importación influye claramente en el mercado y presiona los precios a la baja», sostiene, especialmente cuando coincide con la comercialización de la producción nacional. Aunque existen mecanismos de control, los representantes agrarios consideran que la vigilancia debe reforzarse a toda la cadena, incluida la distribución.

En este contexto cobra especial relevancia la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León (Oipacyl), concebida como una herramienta para mejorar la coordinación del sector y aportar estabilidad al mercado.

Desde UPA, Aurelio González considera que el liderazgo productivo de Castilla y León no siempre se ha gestionado adecuadamente. «Yo creo que no se está gestionando bien y que hay que regular más el sector para darle estabilidad, porque la patata siempre ha sido un cultivo muy aventurero», afirma.

Regulación

González apunta a la Interprofesional como una herramienta necesaria, aunque considera que debe reforzarse su papel. «Necesitamos más planificación y más estabilidad, porque el agricultor no puede seguir asumiendo todo el riesgo», añade.

En esta línea, reclama la creación de observatorios de costes. «Pedimos que se creen observatorios de costes y que se publican periódicamente, para que nadie pueda vender por debajo de esos costes», defiende, en consonancia con los principios que presentan desde la Ley de la Cadena Alimentaria.

El diferencial entre los precios en origen y los precios en destino vuelve a situarse entre las principales preocupaciones del sector. La patata figura habitualmente entre los productos con mayor margen desde el campo hasta el consumidor, una situación difícil de asumir en un contexto de costes elevados.

Las organizaciones agrarias insisten en que sin precios que cubren los costos de producción no es posible mantener el cultivo tanto a medio, como a largo plazo, y reclaman un mayor control de las prácticas comerciales.

Pese a las dificultades, el sector pone en valor la calidad de la patata de Castilla y León. «Tenemos un buen producto», reivindica Donaciano Dujo, quien insiste en la necesidad de una identificación clara del origen en los puntos de venta. «Tiene que haber una identificación clara de la patata, de su procedencia y de todas sus características», subraya.

Asaja defiende además la generalización de contratos de compraventa con garantías. «Defendemos contratos con garantías y que se paguen a precios dignos», recalca Dujo, convencido de que la estabilidad del sector pasa por un reparto más equilibrado del valor.

De cara al futuro, el presidente de Asaja reconoce que el margen de maniobra es limitado. «Tenemos pocas oportunidades, pero esperemos que sí, porque fuera tampoco hay precios rentables», concluye.

Con la siembra en marcha, el sector patatero de Castilla y León enfrenta una campaña decisiva. La evolución de los mercados, el control de las importaciones, y el papel de la Interprofesional serán claves para que el agricultor pueda seguir sembrando.