Colombia: Las papas fritas europeas ganan pleito de aranceles a la papa nacional

Una nueva controversia surge en el ámbito del comercio internacional tras el reciente fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el caso que enfrenta a Colombia y la Unión Europea por la importación de papa frita congelada. La decisión del organismo representa una victoria parcial para el país, ya que reconoce la legitimidad de las medidas antidumping adoptadas por las autoridades nacionales, pero ordena una revisión técnica de los métodos empleados para calcular los aranceles adicionales aplicados a este producto.

El conflicto tiene origen en 2018, cuando el Gobierno colombiano impuso derechos antidumping a las importaciones de papa frita congelada procedentes de Bélgica, Alemania y los Países Bajos. En ese momento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo argumentó que las papas ingresaban al mercado colombiano a precios artificialmente bajos, lo que distorsionaba la competencia y afectaba de manera directa a los productores locales. La medida buscaba corregir esa desventaja y proteger a la industria nacional frente a prácticas comerciales consideradas desleales.

De acuerdo con la normativa vigente, los gravámenes aplicados a las importaciones de papa frita congelada oscilan entre el 2,42 % y el 44,52 %, según el fabricante. Sin embargo, la OMC concluyó que el procedimiento utilizado por Colombia para calcular dichos derechos no cumplió plenamente con los criterios del Acuerdo Antidumping, lo que habría afectado las condiciones de acceso al mercado para los exportadores europeos. El fallo, aunque no anula las medidas impuestas, obliga al país a revisar los fundamentos técnicos y metodológicos de su cálculo.

Afectación de producción de papa frita en Colombia por decisión internacional. Foto: Pexels – Beatriz Braga¿Cuál es la postura del Gobierno frente a lo señalado por la OMC?

Ante esta determinación, el Ministerio de Comercio señaló que Colombia acoge las observaciones del Grupo Especial de la OMC y anunció que “procederá a adelantar una revisión del proceso para verificar ese cumplimiento y, de ser necesario, adoptará las acciones correspondientes”.