España (Extremadura): La Unión insta al AICA a investigar si se hacen contratos de compraventa de la patata

La Unión Extremadura presentará una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que investigue si se hacen contratos de compraventa de la patata y si se respeta establecer un precio mínimo que cubra los costes de producción.

Al mismo tiempo, esta organización agraria ha anunciado que también presentará una denuncia ante el Ministerio de Consumo para que vigile las "prácticas abusivas" de grandes supermercados que, al amparo del cierre de mercadillos y las dificultades en la distribución por las medidas sanitarias provocadas por el Covid-19, están "saqueando a los consumidores con productos de baja calidad y precios abusivos".

Y es que, tal y como ha informado a través de una nota de prensa, la patata vieja de origen francés se vende en el supermercado a 1,49 euros el kilo mientras la patata fresca extremeña se paga al productor a 0,13 euros el kilo, por lo que experimenta una subida del 1.146 por ciento y representa un "claro ejemplo de que la Ley de la Cadena Alimentaria no se aplica".

Igualmente, la organización agraria ha indicado que en estos momentos se está terminando la recolección de la patata fresca en Andalucía y está comenzando en Extremadura, en un año que va a ser "nefasto" para los productores ya que, debido a las lluvias persistentes de mayo, los costes se han disparado por los continuos tratamientos fitosanitarios para controlar los ataques de mildiu.

Asimismo ha remarcado que la sorpresa ha saltado cuando los compradores (intermediarios) de patata fresca están ofreciendo a los productores un precio de apenas los 0,13 euros el kilo, una cantidad que cubre apenas el 50 por ciento de los costes de producción.

"Mientras que por la patata fresca extremeña nos ofrecen un precio de 0,13 €/kg, observamos en las grandes cadenas de alimentación las ofertas a los consumidores de patatas viejas francesas a un precio de 1,49 €/kg, una subida de precio de las patatas de peor calidad del 1.146 por ciento", ha añadido.

De este modo, La Unión Extremadura ha recordado que este fue uno de los motivos de las manifestaciones que se produjeron a primeros de año, además de considerar que es "ilegal e inmoral" cobrarle a un consumidor a 1,46 euros por un kilo de producto que el intermediario ha pagado al productor a 0,13.